Más de 1.138.000 trabajadores tardan un mes de más en recuperar su salud y reincorporarse al trabajo
En la Comunidad Valenciana 91.529 trabajadores sufren hasta 40 días más en recuperar su salud por falta de una adecuada asistencia sanitaria.
Esto supone un gasto innecesario de más de 2.370 millones de euros a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana asciende a 223 millones de euros.
1.138.214 trabajadores diagnosticados con patologías traumatológicas han tardado un mes más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo, es decir, más del doble del tiempo requerido si esta asistencia sanitaria pudiera ser prestada por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El total de estas bajas laborales, a nivel nacional, ha supuesto más de 2.370 millones gastados innecesariamente. Más de 1.300 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social y más de 1.000 millones de euros a cargo de las Empresas.
Así lo han presentado hoy D. Salvador Navarro Pradas, Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y D. Juan Roca Guillamón, Vicepresidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en una jornada organizada por AMAT y CEV.
En esta jornada se han desgranado los problemas que afrontamos actualmente, tanto a nivel nacional como particularmente en la Comunidad Valenciana, en lo referente a los procesos de Incapacidad Temporal derivados de Contingencias Comunes (ITCC). Haciendo énfasis en los procesos diagnosticados como patologías traumatológicas, de los que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son especialistas en su tratamiento.
En las bajas laborales derivadas de Contingencias Comunes, las Mutuas no pueden participar activamente en los procesos de recuperación de los trabajadores, pues queda reservado para el Servicio Público de Salud, viéndose afectados por la carga asistencial y las listas de espera.
Además, estos procesos se ven ralentizados por el laberinto burocrático que supone un alargamiento innecesario de la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Estos mismos procesos, cuando se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, son atendidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social prestando una excelente asistencia sanitaria y recuperando la salud de los trabajadores en la mitad de tiempo.
Existe una sustancial diferencia de tiempo en la recuperación de la salud de los trabajadores cuando las bajas que son diagnosticadas como patologías traumatológicas son tramitadas a través de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas respecto a cuando estas mismas patologías son tratadas por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En el siguiente grafismo se muestran los datos de los procesos iniciados de las patologías traumatológicas, así como la duración media de estos procesos. A la izquierda las derivadas de Contingencias Comunes, con procesos tramitados por los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas; y a la derecha la duración de los procesos de baja laboral cuando tienen origen en accidente de trabajo o enfermedad profesional, y la asistencia sanitaria a los trabajadores es prestada por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social:
Así las cosas, a nivel nacional, 1.138.214 bajas laborales tuvieron una duración de 68,64 días de media en 2022. Además, la recuperación de la salud de los trabajadores, como sucede con todos los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común, se ve notablemente ralentizada por el laberinto burocrático existente para la resolución de estos procesos.
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social durante 2022 gestionaron 561.563 procesos traumatológicos derivados de accidentes de trabajo, con una duración media de 39,49 días. Aproximadamente 30 días menos de lo que tardan los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas en recuperar la salud de los trabajadores. Esto quiere decir que los trabajadores de baja laboral derivados de Contingencias Comunes sufren innecesariamente un mes más en recuperar su salud y poder reincorporarse a su trabajo, con las pérdidas económicas que también se producen para ellos mismos, para las Empresas y para la Seguridad Social, además de los quebrantos organizativos que conlleva para el funcionamiento normal de las Empresas y la carga laboral que supone para el resto de trabajadores de las mismas.
Basándose exclusivamente en la actuación sanitaria por parte de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en los procesos de baja por enfermedades comunes y accidentes no laborales derivados de patologías traumatológicas, podría reducirse a la mitad de tiempo la recuperación de la salud de los trabajadores diagnosticados con estas patologías.
El coste de los procesos de Incapacidad Temporal derivados de Contingencias Comunes
El coste de las bajas laborales derivados de Contingencias Comunes ha venido incrementándose preocupantemente en los últimos años. En el siguiente gráfico se observa la evolución del coste total de las bajas laborales que ha supuesto tanto para la Seguridad Social como para las Empresas, desde 2019 hasta hoy, tanto a nivel nacional como para la Comunidad Valenciana:
A nivel nacional, en 2022, el coste en prestaciones económicas de la Seguridad Social y el coste directo para las Empresas supuso un gasto superior a 21.527 millones de euros. Este gasto ha aumentado más de 2.600 millones de euros con respecto al ejercicio 2021, y 4.880 millones de euros con respecto a 2019. A nivel autonómico, este gasto ascendió a más de 2.235 millones de euros. Más de 260 millones de euros con respecto a 2022 y 523 millones de euros más que en 2019.
La tendencia en los nueve primeros meses del ejercicio 2023 es aún más negativa, según los datos de la patronal de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, AMAT, y se cuestionan porqué las Mutuas no pueden prestar una asistencia sanitaria integral y dar el alta a los trabajadores cuando hayan recuperado su salud de la misma forma que lo hacen cuando las bajas laborales son motivadas por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, garantizando los derechos de los trabajadores con mecanismos similares para su impugnación en el caso de que los trabajadores no estuvieran de acuerdo.
Por todo lo anterior, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) apela a lo previsto en la recomendación número 9 de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y al capítulo VII del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC), suscrito entre CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, para llegar a acuerdos con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas, como el que se está alcanzando con la Comunidad Valenciana, dirigidos a recuperar la salud de los trabajadores en el tiempo adecuado, y ahorrar costes innecesarios para las Empresas y para la Seguridad Social, a la par de ayudar a reducir las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud.
El posible ahorro de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Si las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pudieran prestar una asistencia sanitaria integral en los procesos de baja laboral derivados de enfermedades comunes o accidentes no laborales cuando son diagnosticados como patología traumatológica, se podría recuperar la salud de los trabajadores que las padecen en la mitad de tiempo, y a la vez se minimizaría el coste que supone para los trabajadores, las Empresas y la Seguridad Social, incrementando la competitividad de nuestro tejido productivo y, con ello, los efectos que llevaría para la creación de empleo.
A nivel nacional, si las Mutuas pudieran prestar una asistencia sanitaria integral y gestionar administrativamente con todas las facultades los procesos de baja laboral por Contingencias Comunes diagnosticados como procesos traumatológicos, se podría recuperar la salud de los trabajadores que las padecen en la mitad de tiempo y obtener un ahorro económico superior a los 2.370 millones de euros. En la Comunidad Valenciana este ahorro supondría más de 223 millones de euros.
Sobre AMAT
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 para representar los intereses generales y comunes de las 18 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social actualmente existentes en España: Asepeyo, Cesma, Egarsat, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Ibermutua, MAC, MAZ, MC Mutual, Mutua Balear, Mutua Intercomarcal, Mutua Navarra, Mutua Montañesa, Mutua Universal, Mutualia, Solimat, Umivale Activa y Unión de Mutuas.
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios, voluntarias y sin ánimo de lucro, para la gestión de prestaciones de la Seguridad Social por Contingencias Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren los trabajadores en el entorno laboral) y por Contingencias Comunes (enfermedades comunes y accidentes que sufren los trabajadores fuera del entorno laboral), entre otros servicios y prestaciones, que actúan bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Estas Entidades dan cobertura al 98% de los trabajadores por Contingencias Profesionales, 18.380.000 trabajadores, y prácticamente al 80% por Contingencias Comunes (14.830.000 trabajadores), incluyendo para ambas prestaciones prácticamente al 100% de trabajadores autónomos. Las Mutuas tienen asociadas voluntariamente a más de 1.410.000 empresas.
Así mismo disponen de 23 hospitales, con más de 75 quirófanos y 1.230 camas. También disponen de 1.058 centros sanitarios distribuidos por toda la geografía española. Con estos recursos sanitarios han realizado más de 23,4 millones de actos médicos en 2022.
En el conjunto de las Mutuas trabajan más de 21.200 personas, de las cuales, más de 10.600 son profesionales sanitarios.
Sobre CEV
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) engloba a más del 95% del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, lo que la convierte en la organización empresarial más representativa y, por tanto, la única legitimada para participar e intervenir en asuntos públicos. Como tal defiende, con una voz única, los intereses de las empresarias y empresarios de esta comunidad.
La CEV participa en las mesas de diálogo social; promueve la competitividad de las empresas y el emprendimiento; reivindica aquellas políticas, actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas; fomenta la investigación e innovación tecnológica y organizativa en las empresas y defiende la formación adecuada a las necesidades empresariales. Igualmente trata de visibilizar el papel de los empresarios y la empresa ética y responsable como generadora de riqueza y bienestar y ejerce el papel de lobby de los intereses empresariales de la Comunitat Valenciana en Madrid y Bruselas.
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