La CEV critica que el Ejecutivo quiera hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) critica que el Ejecutivo quiera hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria e insiste en que el mantenimiento de la actividad contribuirá a que los sectores esenciales den una mejor respuesta a la crisis generada por el COVID19. No pueden tomarse decisiones de manera irreflexiva, generar mayor confusión y atacar directamente a la supervivencia de un gran número de empresas y de puestos de trabajo.

Proteger la salud de las personas es ahora lo prioritario, y eso nos obliga a seguir los decretos del Gobierno, pero defender y apoyar a las empresas debe estar en el siguiente escalón. Son las empresas las que en una fase posterior ayudarán a la recuperación económica, por tanto, no puede entenderse que las medidas anunciadas ayer no vayan acompañadas de otras que supongan más apoyo para el sector privado. Pretender que las empresas asuman en solitario los costes derivadas de esta decisión es ilógico.

El Ejecutivo de nuevo vuelve a generar incertidumbre al anunciar un parón de actividad sin concretar qué se consideran actividades esenciales y sin ni tener en cuenta que el correcto funcionamiento de las actividades esenciales requiere de las no esenciales, lo que demuestra un completo desconocimiento del tejido empresarial.

Tampoco explica —porque no se puede — cómo van a asumir las empresas los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y por tanto sus ingresos, si no se aplazan las liquidaciones tributarias ni las cuotas a la seguridad social y si la liquidez sigue sin llegar. El Estado debe responder ante las necesidades agudas de liquidez y apoyar a las empresas amenazadas de quiebra por el COVID19.

El Gobierno olvida que desde que se decretase el estado de alarma el sector privado ha sido un ejemplo de responsabilidad social, pese al desconcierto normativo al que ha tenido que hacer frente, y se ha puesto a disposición de las distintas administraciones para ayudar en la crisis sanitaria. La situación está siendo especialmente complicada para los trabajadores y las empresas de los sectores esenciales que siguen trabajando para dar la mejor respuesta a la situación generada por el coronavirus y que ésta pueda resolverse cuanto antes. Las autoridades competentes deberían reconocer, de forma moral y legislativa, ese trabajo del sector privado.

Esta es una crisis sanitaria pero también económica y si no se actúa en ambos frentes esta crisis se llevará por delante, de forma definitiva, un gran número de empresas y de puestos de trabajo. Sin las decisiones adecuadas esta crisis coyuntural puede convertirse en estructural.

Todas las administraciones deberán asumir su responsabilidad en la gestión de esta crisis, al igual que debería hacerlo la Unión Europea, que se ha mostrado incapaz de actuar con la contundencia que deberías esperarse. Ni los ciudadanos ni las empresas pueden esperar dos semanas a que lleguen nuevas propuestas desde Europa para solucionar la crisis. Si las medidas no llegan ya, perderán toda utilidad.